La retirada de un vehículo siniestrado en una vía pública no es una tarea aislada: implica la intervención coordinada de operadores de grúas, fuerzas de seguridad, servicios sanitarios y personal de conservación de carreteras. Cuando esta coordinación falla, el riesgo de atropello, colisión o segundos siniestros se dispara. El Real Decreto 159/2021, de 16 de marzo, por el que se regulan los servicios de auxilio en vías públicas, nace precisamente para ordenar esta actividad y reducir una siniestralidad que durante años ha castigado a los profesionales del sector.
Las cifras resultan demoledoras: desde 2017 han fallecido al menos 20 operarios de grúa atropellados en carretera, y desde 2015 la cifra asciende a cerca de 60 técnicos. A ello se suman los conductores que pierden la vida al descender de sus vehículos tras una avería o un accidente. En este contexto, la coordinación entre operadores de grúas y servicios de emergencia deja de ser una recomendación y se convierte en una obligación normativa con consecuencias directas sobre la seguridad vial.
La actividad de auxilio en carretera se desarrolla en entornos de alta peligrosidad. Los operadores trabajan a escasos centímetros del flujo de tráfico, en arcenes estrechos, con condiciones meteorológicas adversas y bajo la presión de liberar la calzada cuanto antes. Sin un protocolo claro de coordinación con los servicios de emergencia, cada operación puede convertirse en una secuencia de decisiones improvisadas que aumenta la exposición al riesgo.
La normativa aprobada en 2021 modifica el Reglamento General de Vehículos y el Reglamento General de Circulación para establecer un marco común. Ya no basta con acudir al lugar del siniestro: ahora se exige una comunicación previa a la autoridad encargada de ordenar el tráfico, la inscripción en un registro estatal y el uso de señalización específica. Estos requisitos buscan que todos los actores implicados compartan información en tiempo real y actúen conforme a criterios homogéneos.
Los datos de la Dirección General de Tráfico reflejan una doble tragedia: la del profesional que acude a prestar auxilio y la del conductor que se ve obligado a abandonar su vehículo. Entre 2019 y 2020, 28 personas fallecieron al bajarse de sus coches en la calzada. Solo en 2019, 91 personas murieron arrolladas en carretera. Estas cifras evidencian que el problema no afecta únicamente a los operarios de grúa, sino a cualquier usuario vulnerable en una vía interurbana.
El reportaje publicado por la revista de la DGT recoge testimonios como el de Juan Vicente Carmona, un gruista de 37 años que denuncia: “Nos jugamos la vida en los rescates”. La última víctima de aquel momento fue un gruista de 43 años atropellado en la M-45 mientras asistía a un vehículo. Casos así impulsaron al Ministerio del Interior a regular una actividad que el sector llevaba reclamando desde 2016, consciente de que la improvisación y la falta de coordinación estaban detrás de muchos atropellos mortales.
El Real Decreto introduce cambios sustanciales para los vehículos de auxilio y sus ocupantes. Entre las medidas más relevantes destacan la obligación de dotar a los vehículos de una señal luminosa mejorada y una señalización acústica, así como de distintivos retrorreflectantes que cubran al menos un tercio de la superficie frontal, lateral y trasera. Estas mejoras aumentan la visibilidad del vehículo de auxilio en condiciones de baja luminosidad o tráfico denso.
Además, se establece que las operaciones deben realizarse siempre por el lado más seguro, nunca por el contiguo al flujo de tráfico, salvo que resulte imprescindible. Se prohíben las reparaciones en la propia vía, excepto cuando sean necesarias para retirar el vehículo o cuando la intervención sea más rápida que la retirada. La formación de los operarios pasa a ser obligatoria y todos los profesionales y sus vehículos asociados deben inscribirse en el Registro Estatal de Auxilio en Vías Públicas, conocido como REAV.
La coordinación efectiva comienza antes de que el operador de grúa llegue al punto del siniestro. La comunicación con el centro de gestión de tráfico, con las fuerzas de seguridad y con los servicios sanitarios permite definir el lugar exacto de la incidencia, el estado de la vía y las condiciones de acceso. Esta información previa reduce los tiempos de exposición y evita desplazamientos innecesarios por la calzada.
Una vez en el lugar, el orden de intervención debe respetar una jerarquía clara: primero se protege la zona, después se atiende a las personas y finalmente se procede a la retirada del vehículo. Los operadores de grúa deben integrarse en este esquema sin invadir el área de trabajo de los servicios sanitarios ni obstaculizar el tránsito de los vehículos de emergencia. El Real Decreto refuerza esta idea al otorgar preferencia de paso a los vehículos de auxilio en servicio, lo que obliga al resto de conductores a moderar la velocidad y mantener una distancia lateral segura al adelantar.
El Registro Estatal de Auxilio en Vías Públicas actúa como un punto de encuentro administrativo entre los operadores de grúas y la autoridad de tráfico. Al inscribirse, cada empresa y cada vehículo asociado quedan identificados, lo que facilita la trazabilidad de las operaciones y la verificación del cumplimiento normativo. Para los servicios de emergencia, disponer de un listado actualizado de operadores autorizados agiliza la solicitud de medios cuando se produce un siniestro múltiple o una retirada compleja.
Cuando un vehículo queda inmovilizado, el operador o un tercero debe comunicarlo a la autoridad encargada de ordenar el tráfico. Esta comunicación se publica en el punto de acceso nacional en materia de tráfico y movilidad, de modo que cualquier servicio de emergencia o centro de control pueda conocer la incidencia en tiempo real. Esta transparencia informativa es esencial para coordinar desvíos, ajustar la señalización variable y, sobre todo, para evitar que otros conductores se encuentren con un obstáculo imprevisto.
La señal V24 pasa a denominarse “Vehículo de servicio en vías públicas” y puede incorporar una señal acústica tritonal. Este cambio no es meramente formal: implica que el vehículo de auxilio adquiere un estatus similar al de otros servicios prioritarios, lo que habilita a sus ocupantes a reclamar una mayor precaución por parte del resto de usuarios. Sin embargo, la prioridad de paso no exime al operador de la responsabilidad de balizar correctamente la zona de trabajo.
La correcta señalización del vehículo siniestrado también recae en el conductor. Hasta enero de 2026 convivirán los triángulos de preseñalización con la luz V16, una baliza luminosa que puede activarse sin salir del habitáculo. Esta medida reduce drásticamente el tiempo de exposición del conductor en la calzada y facilita que los servicios de emergencia y los operadores de grúa localicen el punto exacto de la incidencia desde mayor distancia.
La tecnología juega un papel creciente en la coordinación entre operadores de grúas y servicios de emergencia. La señal V27, destinada a los vehículos conectados con el punto de acceso nacional de tráfico y movilidad, permite emitir avisos de peligro de forma automática. Cuando un vehículo queda detenido en una vía de alta capacidad, esta señal puede alertar a los vehículos cercanos y a los centros de control, reduciendo el riesgo de colisión por alcance.
Estas herramientas se suman a la mejora de los elementos retrorreflectantes y luminosos de los vehículos de auxilio. La combinación de señalización activa y pasiva, junto con la formación obligatoria de los operarios, crea un entorno donde la coordinación no depende únicamente de la buena voluntad de cada profesional, sino de un sistema estandarizado y verificable.
Los conductores no son espectadores pasivos ante esta regulación. Cuando circulan y se encuentran con un vehículo de auxilio en servicio, tienen la obligación de moderar la velocidad, mantener una distancia lateral mínima al adelantar y, si es necesario, detenerse por completo. Esta conducta no solo protege a los operarios, sino que previene colisiones en cadena que pueden afectar a todos los usuarios de la vía.
La sustitución progresiva de los triángulos por la luz V16 también modifica los hábitos de los conductores ante una avería. Colocar los triángulos implicaba caminar por la calzada o el arcén, una de las acciones más peligrosas que puede realizar una persona en una vía interurbana. Con la baliza luminosa, el conductor puede señalizar su posición desde el interior del vehículo y reducir su tiempo de exposición a menos de unos segundos. Esta medida es especialmente relevante en autopistas y autovías, donde la velocidad de aproximación de otros vehículos deja muy poco margen de reacción.
Si no tienes conocimientos técnicos sobre normativa de tráfico, quédate con lo esencial: cada vez que veas un vehículo de auxilio en la carretera, reduce la velocidad y aléjate lateralmente todo lo que puedas. No se trata de una cortesía, sino de una obligación legal que salva vidas. Los operadores de grúa trabajan a escasos centímetros del tráfico y cualquier distracción puede resultar fatal.
Si tu coche se avería, utiliza la luz V16 si dispones de ella y permanece dentro del habitáculo con el cinturón abrochado mientras esperas ayuda. Salir a colocar triángulos o a revisar el motor multiplica el riesgo de atropello. La coordinación entre grúas y emergencias está pensada para que tú no tengas que tomar decisiones arriesgadas: comunica tu incidencia, señaliza tu posición y espera instrucciones.
Para los operadores de grúas y los responsables de flotas, el Real Decreto 159/2021 supone un cambio de paradigma: la coordinación con los servicios de emergencia ya no puede basarse en acuerdos informales o en la experiencia individual. La inscripción en el REAV, la formación obligatoria y la comunicación de incidencias al punto de acceso nacional son requisitos que deben integrarse en los procedimientos operativos de cada empresa.
Desde el punto de vista técnico, conviene revisar periódicamente el estado de los distintivos retrorreflectantes, la señal luminosa y la acústica de cada vehículo, así como actualizar los protocolos de actuación conjunta con bomberos, policía y servicios sanitarios. La interoperabilidad entre los sistemas de comunicación de las distintas administraciones sigue siendo un reto, pero el marco normativo actual ofrece una base sólida para reducir la siniestralidad y profesionalizar un servicio esencial para la movilidad.
Especialistas en la retirada de vehículos de la vía pública y asistencia en carretera. Confía en nuestra experiencia y compromiso con la seguridad vial.
