La entrada en vigor del Real Decreto 159/2021 marcó un antes y un después en la prevención de riesgos laborales durante las operaciones de retirada y auxilio de vehículos en vías públicas. Esta norma, que desarrolla el artículo 51 del texto refundido de la Ley de Tráfico, nace con un objetivo claro: reducir la elevada siniestralidad que sufren tanto los operarios de grúa como el resto de usuarios. Según los datos del Observatorio Nacional de Seguridad Vial mencionados en la propia disposición, solo entre 2015 y 2016 se registraron 50 fallecidos, 113 heridos hospitalizados y 769 heridos no hospitalizados en incidentes relacionados con vehículos inmovilizados y las tareas de auxilio.
El Real Decreto establece por primera vez unas condiciones homogéneas de seguridad para todo el territorio nacional, aplicables a operadores, vehículos y operarios de auxilio en vías públicas. Su enfoque integra medidas técnicas, formativas y organizativas, además de imponer la comunicación telemática del geoposicionamiento y estado de cada operación a la autoridad de tráfico. Para los ayuntamientos, esto supone una herramienta clave a la hora de exigir y supervisar que los servicios contratados cumplan con las máximas garantías de seguridad.
El texto legal define conceptos fundamentales como «servicio de auxilio en vías públicas», «operador», «operario» u «operación de auxilio», y delimita un ámbito de aplicación que alcanza tanto a empresas privadas como, en ciertos aspectos, a los titulares de las carreteras. A partir de él, se despliegan una serie de exigencias que todo operador debe cumplir para trabajar en la vía pública, y que los ayuntamientos deben incorporar en sus pliegos de contratación y en sus protocolos de actuación.
Entre las obligaciones más destacadas se encuentra la inscripción en el Registro Estatal de Auxilio en Vías Públicas (REAV), gestionado por la Jefatura Central de Tráfico. Este registro automático a partir de la clasificación 05 del vehículo en el Registro de Vehículos garantiza una trazabilidad completa. Además, el operador o un tercero debe comunicar por medios telemáticos el geoposicionamiento dinámico del vehículo de auxilio y los cambios de estado durante toda la operación, información que se publica en el Punto de Acceso Nacional de Tráfico y Movilidad. Esto permite a la Dirección General de Tráfico y a los centros de gestión municipal disponer de datos en tiempo real, mejorando la coordinación y la seguridad de todos.
Los vehículos de auxilio deben incorporar, como mínimo, las señales V‑2, V‑23 y V‑24 conforme al anexo XI del Reglamento General de Vehículos. La señal V‑24, específica para el servicio de auxilio en vías públicas, incluye una placa retrorreflectante normalizada y la posibilidad de añadir una señal acústica tritonal discontinua. Además, a partir de la modificación introducida por el Real Decreto 1030/2022, se exige que los vehículos estén dotados de distintivos retrorreflectantes en al menos un tercio de la superficie frontal, lateral y trasera.
El dispositivo V‑16 de preseñalización de peligro también experimenta una profunda transformación. La nueva señal, con conectividad integrada, debe comunicar su activación, desactivación y geoposicionamiento al punto de acceso nacional cada 100 segundos. Este cambio, que convive hasta 2026 con los modelos antiguos, representa un salto cualitativo en la protección de los operarios y de los propios conductores accidentados, ya que permite que otros vehículos conectados reciban en tiempo real la ubicación exacta del peligro.
Las maniobras de rescate y retirada combinan los peligros propios de la circulación con los derivados del manejo de cargas pesadas y equipos hidráulicos. El vuelco del camión grúa es uno de los accidentes más graves, generalmente ocasionado por una carga mal estabilizada, un cálculo erróneo del peso o el uso inadecuado de los estabilizadores. A esto se suma la caída de la carga, que puede producirse si los elementos de amarre no se revisan correctamente o si se sobrepasa la capacidad máxima del brazo elevador.
Otro riesgo crítico es el contacto eléctrico con líneas de alta tensión, especialmente en zonas urbanas donde el cableado aéreo es frecuente. La visibilidad limitada durante las operaciones, la proximidad al flujo de tráfico y la exposición a condiciones meteorológicas adversas aumentan la probabilidad de atropellos o colisiones. El propio Real Decreto prohíbe expresamente realizar actos en el lado inmediatamente contiguo al tráfico sin la intervención previa de la autoridad encargada de la regulación del tráfico, que debe implantar una medida de regulación del flujo circulatorio.
La norma establece que la operación de auxilio comienza en la posición operativa y comprende el trayecto hasta la zona de recogida y el destino final. Durante todo este proceso, la comunicación con la autoridad de tráfico es continua. Como regla general, no se pueden realizar reparaciones en la propia vía, salvo que la intervención dure menos que la retirada del vehículo o sea imprescindible para moverlo. En ambos casos, se deben adoptar las máximas garantías de seguridad y visibilidad.
Para los ayuntamientos, especialmente en vías urbanas, el protocolo debe incluir la coordinación previa con la Policía Local o el servicio de movilidad. Los operarios deben seguir las instrucciones de la autoridad encargada de la regulación del tráfico y tienen la obligación de desistir de cualquier actividad si las condiciones no son totalmente seguras. Además, los conductores y usuarios del vehículo siniestrado deben colaborar en todo momento, abandonar el vehículo por el lado contrario al flujo de tráfico y nunca cumplimentar el parte de accidente en la plataforma de circulación.
Gran parte de las retiradas se realizan con camiones grúa, por lo que las medidas preventivas específicas de estos equipos se integran plenamente en los protocolos de auxilio. La formación continua de los operarios es la primera barrera de seguridad. Deben conocer a fondo los límites de carga, el funcionamiento de los dispositivos limitadores de momento y el manejo de los estabilizadores. La legislación española, a través del Real Decreto 1215/1997 y la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, exige que los equipos de trabajo sean adecuados y que los trabajadores reciban información y formación suficientes.
Un listado de comprobaciones básicas antes de iniciar el rescate incluye:
La comunicación con otros miembros del equipo de trabajo y con el centro de control municipal es fundamental. El uso de emisoras o dispositivos manos libres evita que el operador abandone su puesto de control durante las maniobras. Asimismo, el uso de equipos de protección individual de alta visibilidad por parte de todos los intervinientes es una exigencia recogida en la normativa de prevención y en el propio Real Decreto 159/2021.
Los ayuntamientos, como titulares de las vías urbanas y, a menudo, como contratantes de los servicios de auxilio, tienen una doble responsabilidad. Por un lado, deben garantizar que las empresas adjudicatarias cumplen íntegramente el Real Decreto 159/2021: inscripción en REAV, vehículos correctamente señalizados y dotados de la tecnología V‑16, y operarios con la formación requerida. Por otro, les corresponde integrar estas exigencias en la planificación preventiva de las obras y servicios municipales.
El contratista principal está obligado a elaborar el plan de seguridad y salud que contemple los riesgos de las operaciones de auxilio, incluso cuando la grúa actúa como subcontratista. Este plan debe incluir la evaluación de riesgos específicos, los procedimientos de actuación en cada tipo de vía, la coordinación de actividades empresariales y la designación de recursos preventivos. Los servicios técnicos municipales pueden supervisar el cumplimiento de estas medidas, especialmente en eventos programados o en zonas de alta concentración de peatones.
La digitalización de los servicios de auxilio avanza con la obligación de conectar la señal V‑16 y los vehículos al Punto de Acceso Nacional. Este ecosistema, basado en la plataforma DGT 3.0, permite que cualquier vehículo conectado reciba alertas de peligro en tiempo real. La señal V‑27 «triángulo virtual» abre la puerta a que los propios turismos visualicen en su panel de instrumentos la presencia de un vehículo de auxilio trabajando en la vía, lo que anticipa un nuevo paradigma de seguridad cooperativa.
Para las flotas municipales y las empresas de auxilio, esta conectividad ofrece, además, un control más preciso de las operaciones y una reducción de los tiempos de exposición al riesgo. La combinación de geoposicionamiento dinámico, comunicación automática del estado de la operación y la integración con los centros de gestión de tráfico promete una drástica disminución de los atropellos y colisiones por alcance, que constituyen la principal causa de muerte en este colectivo.
La seguridad de todos mejora cuando los vehículos de auxilio están bien señalizados, los operarios llevan ropa reflectante y se avisa automáticamente a Tráfico de que hay un coche averiado en la calzada. Si como conductor ves una grúa trabajando, reduce la velocidad, cambia de carril siempre que sea posible y sigue las indicaciones de los agentes o señalistas. Recuerda que abandonar el vehículo por el lado seguro y no permanecer en los carriles son gestos sencillos que salvan vidas.
Además, con la nueva señal V‑16 conectada, tu propio coche podrá avisarte de que hay un peligro más adelante, dándote tiempo para reaccionar. Los ayuntamientos están obligados a contratar solo empresas que cumplan la ley, así que cuando veas la placa V‑24 o la luz ámbar giratoria, confía en que detrás hay un trabajo realizado bajo estrictos protocolos de seguridad.
La implantación del Real Decreto 159/2021 exige a los servicios de prevención una actualización de las evaluaciones de riesgos y de la planificación de la actividad preventiva. Es necesario incorporar los nuevos requisitos de comunicación telemática, la verificación de la inscripción en REAV y la correcta dotación de las señales V‑2, V‑23 y V‑24 con los patrones retrorreflectantes establecidos. La integración con el Punto de Acceso Nacional abre la posibilidad de monitorizar en tiempo real las operaciones y utilizar esos datos para el análisis predictivo de riesgos.
En el ámbito municipal, la coordinación de actividades empresariales cobra especial relevancia: los pliegos de contratación deben exigir el cumplimiento íntegro de la normativa y establecer mecanismos de control efectivos. La formación de los operarios debe ir más allá del mero manejo de la grúa e incluir procedimientos normalizados de trabajo que contemplen la regulación del tráfico, la colocación segura de la señalización de balizamiento y el uso de dispositivos limitadores de carga. Solo así se conseguirá el objetivo último del Real Decreto: reducir al máximo la exposición al riesgo en una actividad con una siniestralidad históricamente inaceptable.
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